Manuel Belgrano: “Ni la virtud ni los talentos tienen precio, ni pueden compensarse con dinero sin degradarlos”.
El Gobierno nacional avanzó con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A., la empresa estatal responsable de los reactores Atucha I, Atucha II y Embalse.
Aspectos destacados
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Venta del 44 % de las acciones mediante licitación pública.
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El Estado mantendría el 51 % del capital y control sobre decisiones clave.
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Los trabajadores podrían acceder al 5 % vía Programa de Propiedad Participada (PPP).
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Todo bajo la Ley de Bases 27.742 sobre privatizaciones parciales.
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Se requiere financiamiento adicional para proyectos estratégicos: Extensión de Vida de Atucha I y almacenamiento en seco del combustible gastado (ASECG II).
Implicancias para la soberanía
La energía nuclear es un activo estratégico. Involucra seguridad, autonomía y desarrollo tecnológico.
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La entrada de capital privado puede generar tensiones entre rentabilidad de corto plazo y políticas energéticas de largo plazo.
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La participación accionaria de trabajadores es un avance, pero el verdadero desafío está en lograr un equilibrio entre gobernanza, rendimientos y responsabilidad social.
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Estos movimientos también tienen un fuerte componente simbólico: la narrativa, la transparencia y el control regulatorio serán claves para legitimar la decisión.
Marco institucional
En una República, decisiones que afectan recursos estratégicos como energía, defensa o recursos naturales deberían debatirse en el Congreso Nacional, el ámbito representativo de la Nación.
El Ejecutivo se apoyó en la Ley de Bases, pero más allá de lo legal, persiste lo legítimo: ¿puede una sola administración comprometer activos cuya relevancia excede los ciclos de gobierno?
Central Nuclear Atucha II – fuente: CNEA
Riesgo político-estratégico
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Sin debate parlamentario se pierde consenso de largo plazo, dejando la política nuclear expuesta a vaivenes coyunturales.
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Esto erosiona la confianza internacional en la estabilidad regulatoria y debilita la percepción ciudadana sobre quién debe custodiar la soberanía.
Preguntas para el debate
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¿Qué salvaguardas deberían imponerse para garantizar que las decisiones energéticas prioricen el interés nacional?
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¿Cómo evitar que el retorno financiero eclipse la seguridad y la innovación?
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En la transición energética global, ¿cuál es el rol del Estado frente al capital privado?
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Y la más importante: ¿No debería el Congreso Nacional ser el lugar natural para debatir este tipo de decisiones que comprometen la soberanía argentina?
No se trata de estar “a favor” o “en contra” de la privatización, sino de diseñar condiciones institucionales que permitan aprovechar capitales privados sin debilitar la capacidad soberana del Estado de orientar hacia objetivos estratégicos.
El desarrollo atómico argentino no fue fruto del azar ni de capitales externos, sino el resultado de décadas de inversión sostenida de la Nación Argentina a través de su Estado. Cada central, cada avance tecnológico y cada logro en materia nuclear está cimentado en recursos públicos, aportados por generaciones de ciudadanos que entendieron la energía nuclear como un pilar de soberanía, independencia energética y proyección internacional.
En este sentido, no puede olvidarse que el verdadero propietario de este patrimonio estratégico es el pueblo argentino, y que ninguna porción de ese acervo puede enajenarse sin su consentimiento pleno y legítimo. Pretender lo contrario sería desconocer la voluntad popular que históricamente sostuvo el camino de la ciencia y la tecnología nuclear en nuestro país.
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